SEÑORA
LILÍ ORELL PADILLA
SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA RM
Como Dirigentes de la Región Metropolitana, hemos observado con profunda preocupación cómo se han ido generando cambios en las prácticas administrativas y en la ejecución de las tareas al interior de nuestro Servicio, particularmente por la crisis que produjera el masivo despido de nuestros colegas.
En forma cada vez más frecuente constatamos síntomas claros de debilitamiento en distintas áreas de nuestro quehacer, tanto en la gestión administrativa del personal, como presupuestaria[1]. Hemos verificado el quebrantamiento de prácticas laborales, la inercia de los procedimientos administrativos, la falta de conducción y orientaciones claras de las políticas educacionales que se ponen en práctica en la región, declaraciones de intenciones que contradicen los resultados de las prácticas, además de la lentitud por impericia en la resolución de los compromisos contraídos con los trabajadores. Como consecuencia directa de estos síntomas, es posible observar una gradual y cada vez más ostensible falta de credibilidad de la población funcionaria en sus autoridades.
Los rediseños son equívocos. Sabemos que los tiempos en la Administración Pública son lentos, pero una cuestión muy distinta es la ineficacia de hoy, que con certeza será responsable de resultados negativos, que no se pondrán en evidencia sino hasta un mediano plazo, como ha ocurrido en la oficina 600.
Las urgencias de hoy están dadas por la situación de nuestros compañeros de trabajos en distintas áreas del quehacer[2], los que seguramente se verán envueltos en cuestionamientos y sanciones, toda vez que los auténticos responsables, bajo artilugios legales, abandonarán sus responsabilidades, sin respeto por sus pares, como ha ocurrido ya en otras oportunidades.
Los que quedan, funcionarios que decidieron hacer de su vida una carrera funcionaria, serán los que nuevamente deban poner la cara, pues con el despido de nuestros compañeros se han perdido innumerables esfuerzos, y se ha desperdiciado la experiencia aquilatada en años de trabajo en los equipos de labor ministerial. Esta experiencia nos llama a la reflexión, puesto que asumen cargos de autoridad personas con altos grados, para la toma de decisiones en los puestos de trabajo críticos para el funcionamiento del Mineduc en la región, los que llegan sin experiencia en las respectivas materias, generando con sus decisiones, angustia y desazón en los compañeros de trabajo, poseedores de la experticia.
Luego vemos que se han tratado de impulsar nuevos procedimientos administrativos con un alto grado de improvisación, varios de ellos en abierta ilegalidad, situación que sin duda, generará nuevos problemas donde no los había; y lo más grave, de manera inconsulta a los que conocen los temas. La modernización del sistema no puede asociarse a un alto grado de gestión autocrática[3], evidenciado en la toma de decisiones que afectan el funcionamiento interno, sin dialogar con los equipos de trabajo respectivo, aunque sea por curiosidad, y de paso, además, vulnerando una vez más, la estructura jerárquica del Mineduc -legalmente definida- sin comunicar oportunamente mediante los canales por todos reconocidos.
Algunas de las situaciones que están ocurriendo en materias de tratamiento de personas al interior de nuestro Servicio, son las siguientes:
1. El Concurso de Promoción: Con fecha 24 de diciembre los funcionarios de planta que postularon al Concurso Interno de Promoción 2009, recibieron una notificación por correo electrónico en donde se les comunicaba la unidad del Mineduc en donde debían asumir funciones. En este sentido, nos hacemos un deber representar a usted que muchos funcionarios nos han manifestado su malestar, pues en dicha carta firmada por el Subsecretario se les informaría que, acogidos en dictamen 14.253 del 17/03/10 ratificando la facultad con que cuenta la autoridad consignada en los Art. 73 y siguientes del Estatuto Administrativo, de determinar el desempeño de los funcionarios en dependencias distintas a las ganadas por concurso, ha dejado sin efecto, en muchos casos, la designación sancionada por el concurso de promoción. También se ha dado la situación inversa, en el sentido de que hay funcionarios titulares que, ganando su grado en su propia dependencia, tienen interés en prestar funciones en una dependencia distinta a la determinada por el ordinario ya mencionado del Subsecretario.
2. Redistribución de tareas, comisiones de servicio y destinaciones: Entendemos que tras concretizarse las exoneraciones de nuestros colegas, veremos como con mayor ahínco, a partir de enero del 2011, se ha dado un sobrecargo de funciones . La mayoría de los funcionarios que han dejado nuestro servicio son profesionales de lata experiencia, con procesos de capacitación onerosos en que incurrió el Estado para que puedan desarrollar sus funciones de manera adecuada. Hoy observamos que uno de los efectos de las exoneraciones es la distribución asimétrica de funciones, lo que sin duda redundará en mayor daño a la salud de los profesionales y en un servicio deficiente a la comunidad. Entendemos que a raíz de esta situación, por nosotros no deseada, hoy se hace necesario la redistribución del personal, o en su defecto reconsiderar la situación contractual de los profesionales exonerados con las competencias profesionales, la capacitación y la experiencia adecuada para el desempeño de las funciones[4]. Por ejemplo, se les ha pedido a funcionarios del área de administración revisar todas las actas de notas sin mediar un proceso de información formal a los trabajadores y ante las consultas que han hecho, las respuestas son dispares. Por otro lado, están llegando profesionales y administrativos a las provinciales que se suponen apoyarán la labor supervisiva. No se sabe con qué acto administrativo se están formalizando dichas comisiones de servicio o si se trata de destinaciones, tampoco se ha conversado previamente con los funcionarios implicados en dichas medidas administrativas.
3. Deterioro del clima laboral: Hemos constatado en varias dependencias de la región, la actitud altanera y soberbia de algunos funcionarios que hoy detentan la línea de mando. Ha existido falta de consideración con los funcionarios que han desarrollado el trabajo en el rediseño de procesos administrativos, instalando medidas inconsultas que en muchos casos al aplicarse, han convergido en servicios defectuosos y como consecuencia en mayores casos de estrés en los trabajadores. Un ejemplo palmario de esta situación es lo que ha ocurrido en la oficina de atención ciudadana; aquí nos preocupa las denuncias de maltrato a los funcionarios y su pérdida en calidad del ambiente laboral. Es claro que las modificaciones en los procedimientos de trabajo no han permitido mejoras en las prestaciones de servicio. La amplia demanda ciudadana se contrasta con la falta de personal que refuerce el trabajo en este período de alta demanda. No puede ser que compañeros de trabajo, dado el adelanto en la apertura de puertas, trabajen horas sin siquiera poder almorzar oportuna y cómodamente. Otra situación de maltrato acaecida el 4 de enero, dice relación con la denuncia que hemos recibido de parte de los socios que participaron en la reunión de Subvenciones con un funcionario del Nivel Central -Yasser Nazal-, quien sin mediar provocación explícita tiene la desfachatez de ningunear a los trabajadores expulsándolos de la sala, cambiando luego su versión de los hechos. Esta actitud pone de manifiesto el tipo de conducta autoritaria que se ha ido instalando al interior del Servicio, que en nada contribuye al logro de los objetivos institucionales.
4. Centralización de los procesos. Diversas son las medidas que ha adoptado la autoridad que se traducen en mayor centralización administrativa. Esto en muchos casos se traducirá en problemas para la gestión de las unidades de trabajo. No podemos entender que la Secretaría Ministerial de Educación quede sin soporte informático adecuado ni que los Departamentos Provinciales de Educación pierdan autonomía financiera al regionalizarse el presupuesto.
5. Los despidos de Lavín por duplicidad de funciones: Con el llamado a presentación de antecedentes para contratar 37 supervisores grado 12 en la Región Metropolitana anunciada por estos días, queda de manifiesto un nuevo engaño de este gobierno: “el argumento de la duplicidad de funciones por la que se intentó justificar el despidos de alrededor de una centena de nuestros colegas, era falso”. Queda de manifiesto, con este llamado, que la venganza y persecución política justifica el masivo despido de funcionarios, pues la realidad de hoy día demuestra que siempre se requirió los trabajadores con que se contaba y estas nuevas contrataciones viene, tal como lo ratificó la Corte de Apelaciones, a confirmar este hecho.
En Consecuencia:
1. Se hace estrictamente necesario que la autoridad defina criterios para las destinaciones de los funcionarios que sean aplicables a todos los casos y además conocidos por todos de tal manera de bajar los niveles de incertidumbre en los que la gente se ha visto envuelta producto de todos los hechos ocurridos en materias de trato laboral con los trabajadores.
2. La Participación de los funcionarios en el rediseño de procesos administrativos: No nos oponemos a los cambios, pues entendemos que los procesos deben constantemente estar en proceso de revisión y actualización con el fin de entregar un servicio más eficaz a la población-objetivo, sin embargo exigimos que cualquier proceso de cambio y de modernización contemple el aporte humano para que rescate de los funcionarios que han estado sometidos a largos procesos de capacitación y son poseedores de la experiencia que les ha dado el tratamiento de la materia por prolongados periodos de tiempo para utilizarlas en beneficio de los objetivos de la organización. Serán el conocimiento, la imaginación y la creatividad aportada por los trabajadores lo que permitirá la implantación de un nuevo proceso administrativo actualizado y concordantes con las necesidades de las demandas de la población. Por tanto, en el logro de los propósitos de desarrollo económico y social que le competen al Estado, la participación de los funcionarios debe tener un lugar relevante en las decisiones ejecutivas de las actuales autoridades. Ella permitirá definir con mayor claridad las funciones, atribuciones y objetivos de cada órgano de la estructura y de cada funcionario del Ministerio. Esto significa también reconocimiento a la capacidad de los funcionarios para organizarse en el ejercicio de sus funciones y tareas. En este sentido un proceso modernizador son el resultado de políticas que exigen ser compartidas por los diversos actores involucrados, que por su dinámica misma, son modificables. Las estructuras tienden a perdurar en el tiempo y son el elemento que otorga la continuidad a las organizaciones.
3. No nos oponemos a las reorganizaciones del sistema, pero los responsables de tomar decisiones, deben actuar en el marco del compromiso político y conocimiento técnico. Entendemos que puede llegar personal sin conocimiento previo en la materia específica y que, por tanto, desconocen las prácticas culturales de nuestro sistema educacional, pero no podemos entender que eviten el diálogo con los funcionarios, que son las personas conocedoras de los temas.
4. Estimamos que un rediseño requiere definir y consensuar el norte, y debe hacerse en conjunto con los profesionales y/o trabajadores implicados en los procesos. De lo contrario, cómo es posible responsabilizar por los resultados de estos procesos, a quienes no participaron en las decisiones.
5. A nuestro juicio, un nuevo modelo administrativo debe ser definido, en primer lugar, con los funcionarios implicados en el nuevo proceso, capacitando en donde se requiera, comunicando por los conductos regulares, persuadiendo por la vía del conocimiento y el encantamiento argumentativo, para después ejecutarlo. Con esto se logrará fidelización y compromiso de los actores permanentes que serán, en definitiva, los que harán el trabajo y en consecuencia, asumirán su responsabilidad administrativa, si les cabe.
6. Asimismo, no podemos olvidar que nuestra Administración Pública es formal. No acepta improvisaciones ni decisiones de profesionales sin responsabilidad política, porque más temprano que tarde, el mismo sistema tiene procedimientos de autorregulación que cuando no obran en el marco de la norma, terminan en explosiones que debilitan y destruyen. Les recordamos que, a la lealtad y el compromiso de los actores se tiene que responder con la lealtad y el compromiso de las autoridades, porque quienes llevarán a cabo los procesos finalmente, serán los funcionarios del Ministerio.
7. Finalmente, queremos agradecer la acogida a nuestra misiva, en el bien entendido que los funcionarios queremos ser reconocidos como ciudadanos, y como tales, queremos aportar en la construcción de una sociedad sustentable, más justa y buena, que beneficie a todos los chilenos. Esperamos que en esta oportunidad, los planteamientos hechos en este documento, fruto del análisis hecho por todos los Dirigentes de la Región Metropolitana, sean respondidos formalmente.
Saludan atentamente a Ud.
DIRIGENTES DE LA REGIÓN METROPOLITANA
ANDIME
[1] Por Ejemplo, en Fiscalía de Subvenciones, para suplir las tareas asignadas a los funcionarios despedidos, se debió suplementar con comisiones de servicio trayendo personal desde los Departamentos Provinciales.
[2] Se les ha informado verbalmente, por ejemplo, a los inspectores de la región que serán concentrados en la Secreduc, vulnerando con esto la legislación existente.
[3] Rediseños de procesos hechos entre cuatro paredes, sin consulta a los funcionarios tales como lo obrado en of 600 y Registro Escolar.
[4] Por ejemplo en la Provincial Norte que atendía 151 colegios con 20 supervisores, hoy deberá hacerlo con 10. En la Provincial Poniente que atendía 286 colegios con 16 supervisores, en el 2011 lo deberá hacer con 8.
