Cientos de funcionarios del Ministerio de Educación, principalmente profesionales, han sido notificados que sus servicios no son necesarios. Las razones esgrimidas han sido diversas: reajuste presupuestario, readecuaciones de diseño en el cual “su perfil” no está considerado. Cuando se les consulta sobre precisiones del perfil o de las razones específicas, en algunos casos han terminado confesando el carácter político de ellos. En el caso de los inspectores, cuya función principal es visitar los establecimientos para garantizar el respeto de la ley de subvenciones como de los derechos de los estudiantes establecidas en diferentes normas; y en el caso de los fiscalizadores que evalúan los procesos levantados por los inspectores y aplican sanción, la razón esgrimida para notificarlos ha sido más grosera: “no hay que molestar a los sostenedores” (SEREMI RM Lili Orell).
El caso de los Supervisores, función que en la Región Metropolitana queda desmantelada, la razón esgrimida llega al insulto: la supervisión ministerial no sirve de nada. En estos 20 años no se ha hecho nada por mejorar la calidad de la educación (SEREMI RM Lili Orell).
Paralelamente, el Ministro Lavín, entre viaje y viaje para ser fotografiado en alguna escuela de emergencia, ofende a destacados funcionarios y profesionales, señalando “tenemos que trabajar con los mejores”. Frase que algunos incautos aceptan por predisposición ideológica y desconocimiento de las cualidades de los despedidos.
El trámite de notificación, cuyas nóminas vienen directamente de Subsecretaría, también ha adolecido de graves errores, como notificar a choferes registrados como son supervisores y al darse cuenta del error –informado por el funcionario afectado- se retiran para revisar las nóminas (gobierno de excelencia).
Como se puede colegir de este relato, los despidos en el Ministerio de Educación, no responden a ninguna evaluación mínima de desempeño funcionario ni de sus calificaciones; en algunos casos corresponde a una vulgar (en ambos sentidos de la palabra) venganza política, cuyas víctimas fueron culpables de ingresar al Ministerio en los años de los Gobiernos de la Concertación; en otros casos, devela la línea política de la actual gestión: no molestar a los sostenedores, para lo cual se debe desmantelar el aparato fiscalizador y, en el caso del apoyo pedagógico de la supervisión ministerial (función del MINEDUC por ley al momento del traspaso), externalizarla en agencias privadas.
Esta destrucción del MINEDUC lo transformara en un financiador de construcción de establecimientos y garante del enriquecimiento de los sueños de los establecimientos, pues la única estrategia propuesta por la actual administración es duplicar la subvención y 50 liceos de excelencia. El conjunto de las demás funciones, que al parecer desconocen, quedarán absolutamente mermadas. Tomen nota los apoderados que requieran matrículas, o que son víctimas de cobros indebidos u otros abusos…no habrá capacidad para atenderlos. Tomen nota los establecimientos, no habrá capacidad para recibir apoyo gratuito del Estado para atender sus consultas técnicas respecto de la SEP, Ajuste Curricular u otras.
El silencio cómplice de los medios de comunicación, que nos recuerda otros periodos de nuestra historia, las afirmaciones de los ministros señalando ineptitud de los afectados, agravan la falta e insultan a las víctimas de proceso injusto implementado, así como la inteligencia de los ciudadanos.
