Justo cuando se
pone en tela de juicio los nuevos indicadores de pobreza, y, los alcances e
impacto real de la reforma tributaria en la educación, el gobierno, no quiere
otro flanco que venga a poner en entredicho la nueva institucionalidad que
pretende controlar los recursos que el Estado entrega a la Educación Escolar Subvencionada, menos con
las desigualdades y vicios que le dieron origen.
Es por ello, que el
recién nombrado Superintendente y su equipo, debió actuar rápido, puesto que el
precario análisis de la Ley y los mecanismos establecidos en el decreto 338
para el traspaso, contenía imprecisiones, faltas de definición y errores de
forma y fondo. Es que el decreto exprés ingresado el 6 de agosto, retirado el
29 y vuelto a entregar a la CGR al día siguiente, fue un intento de ocultar a
los trabajadores del Mineduc las desigualdades y diferencias en sus
remuneraciones, mediante la toma de razón por el máximo órgano contralor de la
República.
Sin embargo, a una
semana de oficializarse la implantación de la Superintendencia de Educación,
hoy la noticia no es el nuevo modelo de fiscalización, sino el paro que
mantiene movilizados a fiscales e inspectores de la RM.
Es que las alarmas
se prendieron y comenzó la lucha para resarcir el daño y las desigualdades que
provocó el traspaso de los funcionarios desde el Mineduc a la nueva
institucionalidad, incluso hoy se ha extendido a regiones, las que anuncian
para esta semana su adhesión al movimiento sindical. La jugada hecha a medida
de sus creadores, había sido advertida a último minuto por los funcionarios.
Fue tal la cantidad
de yerros e interpretaciones antojadizas con que el decreto 338 concretó el
traspaso de los antiguos trabajadores ministeriales de educación, que la nueva
autoridad rápidamente salió a poner paños fríos ante el paro, motejándolo de
falta de información y nerviosismo por el cambio.
A pesar de ello,
ante el peso de la evidencia entregada por el gremio de los funcionarios,
accedieron rápidamente a constituir una mesa negociadora para definir vías de
solución al conflicto, porque siempre es mejor lavar los trapos sucios en casa.
Es que la
tramitación del Dto. con fuerza de Ley, se tradujo en un daño expresado en
diversas situaciones, que al momento de la toma de razón afectó directamente a
casi 400 funcionarios en todo el país, por ejemplo; el traslado forzoso de
personas,-con más de 20 años de carrera funcionaria-, desde provincias hasta
las oficinas regionales, no consideraron los tiempos y distancias, menos la
reubicación de familias enteras, que hasta antes de las negociaciones debían
asumir los costos totales de este cambio.
Otro efecto es
aquel que se generó por las diferencias en las escalas de grado y
remuneraciones entre el Mineduc y la Superintendencia. Aunque la Ley indicaba
que se debía encasillar a los funcionarios en el grado más cercano, las
autoridades dispusieron acercarlos al grado más bajo de la escala de grados del
nuevo ente fiscalizador.
Este criterio fue peor
aún en este ítem, las planillas suplementarias dispuestas para saldar las
diferencias en sus remuneraciones, llegaron a constituir casi el 40% de las
remuneraciones, cuestión de gran relevancia puesto que sólo se concibió que
fuesen imponibles y tributables y no reajustables.
Así, en el nuevo
órgano, un funcionario traspasado perdería el reajuste anual en casi la mitad
de su sueldo, generando en la práctica el congelamiento de sus remuneraciones.
Pero esto no era todo, además, el cálculo no contempló ningún tipo de
asignaciones especiales, como las de modernización, explicándose así el hecho
de cómo los trabajadores eran encasillados muy por debajo de lo que disponía la
Ley.
Tal vez, los que
más vieron el perjuicio del traspaso fueron los funcionarios de planta para
quienes su encasillamiento, también los despojó de la propiedad y titularidad
del cargo y los grados que habían ganado a lo largo de su carrera funcionaria y
que el DFL 29 del año 2004 -Estatuto Administrativo-, consagra.
Finalmente, el
nuevo ente, en la paradoja de su proceso, institucionaliza la repartija, puesto
quedispuso la solución de no continuidad para 15 funcionarios, que a contar de
este lunes fueron contratados por la nueva Súper y que por razones desconocidas
aumentaron sus remuneraciones en hasta un 300%. Tal cual, a los mismos que
participaron activamente en el proceso de traspaso recibirán a contar de
octubre hasta $ 6.000.000 mensuales.Parece
que también en la educación, al que reparte, le toca…
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